Recortes federales pueden afectar a programas en hospitales de prevención de la violencia con armas de fuego
DENVER. — Hace siete años, Erica Green se enteró a través de Facebook que le habían disparado a su hermano.
Corrió al hospital, uno gerenciado por Denver Health, el sistema de seguridad social de la ciudad, pero no pudo obtener información de los trabajadores de la sala de emergencias: se quejaron de que ella estaba generando un disturbio.
“Estaba afuera, angustiada y llorando, cuando Jerry salió por la puerta principal”, dijo.
Jerry Morgan es un rostro familiar en el barrio de Green, en Denver. Había ido al hospital después de que su pager lo alertara del tiroteo. Como profesional de la prevención de la violencia en el programa At-Risk Intervention and Mentoring (AIM), Morgan brinda su apoyo en el hospital a los pacientes víctimas de violencia con armas de fuego y a sus familias.
Es lo que hizo el día en que le dispararon al hermano de Green.
“Me ayudó a que atravesara mucho mejor esa experiencia traumática. Al punto que después pensé: yo también quiero dedicarme a eso”, contó Green.
Ahora, Green trabaja con Morgan como directora de AIM, un programa de intervención contra situaciones de violencia vinculado a los hospitales. AIM se puso en marcha en 2010 como una asociación entre Denver Health y la organización sin fines de lucro Denver Youth Program. Desde entonces, se ha ido ampliado para incluir el Hospital Infantil de Colorado y el Hospital de la Universidad de Colorado.
En todo el país existen docenas de programas de intervención contra la violencia vinculados a hospitales, como AIM. El objetivo de estos programas es identificar los factores sociales y económicos que contribuyeron a que una persona terminara en una sala de emergencias con una herida de bala, por ejemplo, la falta de una vivienda adecuada, la pérdida de empleo o sentirse inseguro en el propio vecindario.
Este tipo de programas, que abordan la lucha contra la violencia con armas de fuego desde una perspectiva de salud pública, han tenido éxito.
En San Francisco, uno de ellos logró reducir en un 75% la cantidad de personas que volvieron a sufrir heridas por hechos violentos en un período de seis años.
Pero las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que piden la revisión tanto de las políticas de armas de la administración Biden como de los billones de dólares en subvenciones y préstamos federales, han creado incertidumbre en torno a la financiación federal a largo plazo de estos programas. Algunos organizadores creen que no se verán afectados, pero otros ya están buscando asegurar fuentes de financiamiento alternativas.
“Nos preocupa que se produzca un efecto dominó, una reacción en cadena. Y nos preguntamos cómo nos afectará. Hay muchas incógnitas”, explica John Torres, director asociado de Youth Alive, una organización sin fines de lucro con sede en Oakland, California.
Los datos federales muestran que la violencia con armas de fuego se convirtió en una de las principales causas de muerte entre niños y adultos jóvenes a principios de esta década y que en 2022 estuvo relacionada con más de 48.000 muertes entre personas de todas las edades.
El pediatra de Nueva York Chethan Sathya, especializado en cirugía y traumatología, investiga cómo prevenir lesiones por armas de fuego, financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Sathya sostiene que las estadísticas muestran que esta forma de violencia debe ser considerada como un problema de salud pública. “Está matando a demasiada gente”, argumentó.
Las investigaciones demuestran que haber sufrido una lesión violenta aumenta el riesgo de tener otras en el futuro. Y también que el riesgo de muerte aumenta significativamente luego de la tercera lesión violenta. Los datos surgen de un estudio de 2006 publicado en The Journal of Trauma: Injury, Infection and Critical Care.
Benjamin Li, médico de la sala de emergencias en Denver Health y director médico del sistema de salud de AIM, dijo que la emergencia es un entorno ideal para intervenir ante la violencia con armas de fuego, ya que permite investigar y comprender los eventos que llevaron a que un paciente haya sido baleado.
“Si solo atendemos a la persona, la curamos y luego la enviamos de vuelta a vivir en las mismas condiciones, sabemos que es muy probable que vuelva a resultar herida”, explicó Li. “Es fundamental que abordemos los determinantes sociales de salud y tratemos de cambiar esa realidad”.
Eso podría significar que se proporcione a las víctimas de disparos soluciones alternativas para evitar que busquen venganza, opinó Paris Davis, director de programas de intervención de Youth Alive.
“Puede ser ayudarlos a mudarse a otra zona o facilitarles que consigan una vivienda. También colaborar para que puedan canalizar esa energía hacia la educación o el trabajo o, por ejemplo, iniciar una terapia familiar. Sean cuales fueren las necesidades en cada caso y en cada individuo en particular, nos aseguramos de brindarles el apoyo que necesitan”, dijo Davis.
El equipo de AIM que trabaja directamente con la comunidad visita a las víctimas de disparos en sus camas de hospital para tener lo que Morgan, el principal encargado de esta área del programa, describe como una conversación difícil pero libre de prejuicios respecto de cómo los pacientes llegaron a esa situación.
AIM utiliza esa información para ayudar a las personas a acceder a los recursos que necesitan para afrontar los grandes desafíos que los esperan después de que les den el alta, dijo Morgan. Esos desafíos pueden incluir volver a la escuela o al trabajo, o encontrar una nueva vivienda.
Los trabajadores comunitarios de AIM también pueden asistir a los procedimientos judiciales y ayudar con el transporte para que los pacientes acudan a las citas de atención médica.
“Tratamos de ayudar en la medida de lo posible, pero depende de lo que necesita el beneficiario”, dijo Morgan.
Desde 2010, AIM ha pasado de tener tres a tener nueve trabajadores sociales a tiempo completo, y este año ha abierto la REACH Clinic en el barrio Five Points de Denver. La clínica comunitaria ofrece kits para el cuidado de heridas, fisioterapia y atención de salud conductual, mental y ocupacional. En los próximos meses, tiene previsto agregar a sus servicios la extracción de balas.
El programa forma parte de un movimiento creciente de clínicas comunitarias centradas en lesiones violentas, como la Bullet Related Injury Clinic, en St. Louis.
Ginny McCarthy, profesora adjunta del Departamento de Cirugía de la Universidad de Colorado, describió REACH como una extensión del trabajo hospitalario, que ofrece un tratamiento integral en un solo lugar y fomenta la confianza entre los proveedores de salud y las comunidades minoritarias que históricamente han padecido prejuicios raciales en la atención médica.
Caught in the Crossfire, creado en 1994 y dirigido por Youth Alive en Oakland, es mencionado como el primer programa de la nación de intervención de violencia vinculado a un hospital; desde entonces ha inspirado a otros.
La Health Alliance for Violence Intervention, una red nacional iniciada por Youth Alive para promover soluciones de salud pública a la violencia con armas de fuego, en enero de este año contaba entre sus miembros con 74 programas de intervención de violencia vinculados a hospitales.
La directora ejecutiva de la alianza, Fatimah Loren Dreier, comparó el papel de la medicina en la lucha contra la violencia armada con el de la prevención de una enfermedad infecciosa como el cólera. “Esa enfermedad se propaga si no se cuenta con buenas condiciones sanitarias en los lugares donde se concentra la gente”, argumentó.
Dreier, que también es directora ejecutiva del Kaiser Permanente Center for Gun Violence Research and Education, dijo que la medicina identifica y rastrea los patrones que conducen a la propagación de una enfermedad o, en este caso, a la propagación de la violencia.
“Eso es lo que la atención sanitaria puede hacer realmente bien para cambiar la sociedad. Cuando lo implementamos, obtenemos mejores resultados para todos”, dijo Dreier.
La alianza, de la que AIM es miembro, ofrece asistencia técnica y formación para programas de intervención contra la violencia vinculados a hospitales y ha solicitado con éxito que sus servicios sean reconocidos para recibir reembolso de los seguros tradicionales.
En 2021, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que abrió la puerta para que los estados utilizaran Medicaid para la prevención de la violencia. Varios estados, entre ellos California, Nueva York y Colorado, han aprobado leyes que establecen un beneficio de Medicaid para los programas de intervención contra la violencia vinculados a hospitales.
El verano pasado, el entonces cirujano general de los Estados Unidos, Vivek Murthy, declaró la violencia armada como una crisis de salud pública, y la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras de 2022 destinó $1.400 millones en fondos para una amplia gama de programas de prevención de la violencia hasta el próximo año.
Pero a principios de febrero, Trump emitió una orden ejecutiva en la que ordenaba al fiscal general de los Estados Unidos que llevara a cabo una revisión de 30 días de varias políticas de Biden sobre la violencia armada.
La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca parece estar inactiva, y las recientes medidas para congelar las subvenciones federales han creado incertidumbre entre los programas de prevención que reciben financiación federal.
Según Li, AIM recibe el 30% de su financiación de su acuerdo operativo con la Oficina de Soluciones a la Violencia Comunitaria de Denver. El resto proviene de subvenciones, incluida la financiación de la Ley de Víctimas del Crimen, que llega a través del Departamento de Justicia. A mediados de febrero, las órdenes ejecutivas de Trump no habían afectado a la financiación actual de AIM.
Algunas de las personas que trabajan con los programas de prevención de la violencia vinculados a hospitales en Colorado confían en que un nuevo impuesto especial sobre las armas de fuego y las municiones, ya aprobado por los votantes en el estado, pueda ser una fuente adicional de financiación.
Se espera que genere unos $39 millones anuales y apoye a los servicios para las víctimas, pero no es probable que los ingresos del impuesto fluyan por completo hasta 2026, y no está claro cómo se asignará ese dinero.
Catherine Velopulos, cirujana de traumatología e investigadora de salud pública, que es la directora médica de AIM en el hospital de la Universidad de Colorado en Aurora, dijo que cualquier interrupción en la financiación federal, aunque sea durante unos meses, sería “muy difícil para nosotros”. Pero aseguró que la tranquilizaba el apoyo bipartidista al tipo de trabajo que hace AIM.
“La gente quiere simplificar demasiado el problema y dice: ‘Si nos deshacemos de las armas, todo se detendrá’ o ‘No importa lo que hagamos, porque de todos modos van a conseguir armas’”, afirmó. “Lo que realmente tenemos que pensar es por qué la gente siente tanto miedo que tiene que armarse”.
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DENVER. — Hace siete años, Erica Green se enteró a través de Facebook que le habían disparado a su hermano.
Hablemos de Salud
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Corrió al hospital, uno gerenciado por Denver Health, el sistema de seguridad social de la ciudad, pero no pudo obtener información de los trabajadores de la sala de emergencias: se quejaron de que ella estaba generando un disturbio.
“Estaba afuera, angustiada y llorando, cuando Jerry salió por la puerta principal”, dijo.
Jerry Morgan es un rostro familiar en el barrio de Green, en Denver. Había ido al hospital después de que su pager lo alertara del tiroteo. Como profesional de la prevención de la violencia en el programa At-Risk Intervention and Mentoring (AIM), Morgan brinda su apoyo en el hospital a los pacientes víctimas de violencia con armas de fuego y a sus familias.
Es lo que hizo el día en que le dispararon al hermano de Green.
“Me ayudó a que atravesara mucho mejor esa experiencia traumática. Al punto que después pensé: yo también quiero dedicarme a eso”, contó Green.
Ahora, Green trabaja con Morgan como directora de AIM, un programa de intervención contra situaciones de violencia vinculado a los hospitales. AIM se puso en marcha en 2010 como una asociación entre Denver Health y la organización sin fines de lucro Denver Youth Program. Desde entonces, se ha ido ampliado para incluir el Hospital Infantil de Colorado y el Hospital de la Universidad de Colorado.
En todo el país existen docenas de programas de intervención contra la violencia vinculados a hospitales, como AIM. El objetivo de estos programas es identificar los factores sociales y económicos que contribuyeron a que una persona terminara en una sala de emergencias con una herida de bala, por ejemplo, la falta de una vivienda adecuada, la pérdida de empleo o sentirse inseguro en el propio vecindario.
Este tipo de programas, que abordan la lucha contra la violencia con armas de fuego desde una perspectiva de salud pública, han tenido éxito.
En San Francisco, uno de ellos logró reducir en un 75% la cantidad de personas que volvieron a sufrir heridas por hechos violentos en un período de seis años.
Pero las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que piden la revisión tanto de las políticas de armas de la administración Biden como de los billones de dólares en subvenciones y préstamos federales, han creado incertidumbre en torno a la financiación federal a largo plazo de estos programas. Algunos organizadores creen que no se verán afectados, pero otros ya están buscando asegurar fuentes de financiamiento alternativas.
“Nos preocupa que se produzca un efecto dominó, una reacción en cadena. Y nos preguntamos cómo nos afectará. Hay muchas incógnitas”, explica John Torres, director asociado de Youth Alive, una organización sin fines de lucro con sede en Oakland, California.
Los datos federales muestran que la violencia con armas de fuego se convirtió en una de las principales causas de muerte entre niños y adultos jóvenes a principios de esta década y que en 2022 estuvo relacionada con más de 48.000 muertes entre personas de todas las edades.
El pediatra de Nueva York Chethan Sathya, especializado en cirugía y traumatología, investiga cómo prevenir lesiones por armas de fuego, financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Sathya sostiene que las estadísticas muestran que esta forma de violencia debe ser considerada como un problema de salud pública. “Está matando a demasiada gente”, argumentó.
Las investigaciones demuestran que haber sufrido una lesión violenta aumenta el riesgo de tener otras en el futuro. Y también que el riesgo de muerte aumenta significativamente luego de la tercera lesión violenta. Los datos surgen de un estudio de 2006 publicado en The Journal of Trauma: Injury, Infection and Critical Care.
Benjamin Li, médico de la sala de emergencias en Denver Health y director médico del sistema de salud de AIM, dijo que la emergencia es un entorno ideal para intervenir ante la violencia con armas de fuego, ya que permite investigar y comprender los eventos que llevaron a que un paciente haya sido baleado.
“Si solo atendemos a la persona, la curamos y luego la enviamos de vuelta a vivir en las mismas condiciones, sabemos que es muy probable que vuelva a resultar herida”, explicó Li. “Es fundamental que abordemos los determinantes sociales de salud y tratemos de cambiar esa realidad”.
Eso podría significar que se proporcione a las víctimas de disparos soluciones alternativas para evitar que busquen venganza, opinó Paris Davis, director de programas de intervención de Youth Alive.
“Puede ser ayudarlos a mudarse a otra zona o facilitarles que consigan una vivienda. También colaborar para que puedan canalizar esa energía hacia la educación o el trabajo o, por ejemplo, iniciar una terapia familiar. Sean cuales fueren las necesidades en cada caso y en cada individuo en particular, nos aseguramos de brindarles el apoyo que necesitan”, dijo Davis.
El equipo de AIM que trabaja directamente con la comunidad visita a las víctimas de disparos en sus camas de hospital para tener lo que Morgan, el principal encargado de esta área del programa, describe como una conversación difícil pero libre de prejuicios respecto de cómo los pacientes llegaron a esa situación.
AIM utiliza esa información para ayudar a las personas a acceder a los recursos que necesitan para afrontar los grandes desafíos que los esperan después de que les den el alta, dijo Morgan. Esos desafíos pueden incluir volver a la escuela o al trabajo, o encontrar una nueva vivienda.
Los trabajadores comunitarios de AIM también pueden asistir a los procedimientos judiciales y ayudar con el transporte para que los pacientes acudan a las citas de atención médica.
“Tratamos de ayudar en la medida de lo posible, pero depende de lo que necesita el beneficiario”, dijo Morgan.
Desde 2010, AIM ha pasado de tener tres a tener nueve trabajadores sociales a tiempo completo, y este año ha abierto la REACH Clinic en el barrio Five Points de Denver. La clínica comunitaria ofrece kits para el cuidado de heridas, fisioterapia y atención de salud conductual, mental y ocupacional. En los próximos meses, tiene previsto agregar a sus servicios la extracción de balas.
El programa forma parte de un movimiento creciente de clínicas comunitarias centradas en lesiones violentas, como la Bullet Related Injury Clinic, en St. Louis.
Ginny McCarthy, profesora adjunta del Departamento de Cirugía de la Universidad de Colorado, describió REACH como una extensión del trabajo hospitalario, que ofrece un tratamiento integral en un solo lugar y fomenta la confianza entre los proveedores de salud y las comunidades minoritarias que históricamente han padecido prejuicios raciales en la atención médica.
Caught in the Crossfire, creado en 1994 y dirigido por Youth Alive en Oakland, es mencionado como el primer programa de la nación de intervención de violencia vinculado a un hospital; desde entonces ha inspirado a otros.
La Health Alliance for Violence Intervention, una red nacional iniciada por Youth Alive para promover soluciones de salud pública a la violencia con armas de fuego, en enero de este año contaba entre sus miembros con 74 programas de intervención de violencia vinculados a hospitales.
La directora ejecutiva de la alianza, Fatimah Loren Dreier, comparó el papel de la medicina en la lucha contra la violencia armada con el de la prevención de una enfermedad infecciosa como el cólera. “Esa enfermedad se propaga si no se cuenta con buenas condiciones sanitarias en los lugares donde se concentra la gente”, argumentó.
Dreier, que también es directora ejecutiva del Kaiser Permanente Center for Gun Violence Research and Education, dijo que la medicina identifica y rastrea los patrones que conducen a la propagación de una enfermedad o, en este caso, a la propagación de la violencia.
“Eso es lo que la atención sanitaria puede hacer realmente bien para cambiar la sociedad. Cuando lo implementamos, obtenemos mejores resultados para todos”, dijo Dreier.
La alianza, de la que AIM es miembro, ofrece asistencia técnica y formación para programas de intervención contra la violencia vinculados a hospitales y ha solicitado con éxito que sus servicios sean reconocidos para recibir reembolso de los seguros tradicionales.
En 2021, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que abrió la puerta para que los estados utilizaran Medicaid para la prevención de la violencia. Varios estados, entre ellos California, Nueva York y Colorado, han aprobado leyes que establecen un beneficio de Medicaid para los programas de intervención contra la violencia vinculados a hospitales.
El verano pasado, el entonces cirujano general de los Estados Unidos, Vivek Murthy, declaró la violencia armada como una crisis de salud pública, y la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras de 2022 destinó $1.400 millones en fondos para una amplia gama de programas de prevención de la violencia hasta el próximo año.
Pero a principios de febrero, Trump emitió una orden ejecutiva en la que ordenaba al fiscal general de los Estados Unidos que llevara a cabo una revisión de 30 días de varias políticas de Biden sobre la violencia armada.
La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca parece estar inactiva, y las recientes medidas para congelar las subvenciones federales han creado incertidumbre entre los programas de prevención que reciben financiación federal.
Según Li, AIM recibe el 30% de su financiación de su acuerdo operativo con la Oficina de Soluciones a la Violencia Comunitaria de Denver. El resto proviene de subvenciones, incluida la financiación de la Ley de Víctimas del Crimen, que llega a través del Departamento de Justicia. A mediados de febrero, las órdenes ejecutivas de Trump no habían afectado a la financiación actual de AIM.
Algunas de las personas que trabajan con los programas de prevención de la violencia vinculados a hospitales en Colorado confían en que un nuevo impuesto especial sobre las armas de fuego y las municiones, ya aprobado por los votantes en el estado, pueda ser una fuente adicional de financiación.
Se espera que genere unos $39 millones anuales y apoye a los servicios para las víctimas, pero no es probable que los ingresos del impuesto fluyan por completo hasta 2026, y no está claro cómo se asignará ese dinero.
Catherine Velopulos, cirujana de traumatología e investigadora de salud pública, que es la directora médica de AIM en el hospital de la Universidad de Colorado en Aurora, dijo que cualquier interrupción en la financiación federal, aunque sea durante unos meses, sería “muy difícil para nosotros”. Pero aseguró que la tranquilizaba el apoyo bipartidista al tipo de trabajo que hace AIM.
“La gente quiere simplificar demasiado el problema y dice: ‘Si nos deshacemos de las armas, todo se detendrá’ o ‘No importa lo que hagamos, porque de todos modos van a conseguir armas’”, afirmó. “Lo que realmente tenemos que pensar es por qué la gente siente tanto miedo que tiene que armarse”.
